Abogados de contratación estatal en Colombia

El procedimiento sancionatorio contractual del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 es el escenario donde se decide casi todo. La entidad cita a una audiencia, expone los hechos que estima constitutivos de incumplimiento, las normas y las consecuencias posibles, y el contratista tiene la oportunidad de pronunciarse, aportar pruebas y controvertir las de la entidad. La decisión se adopta mediante resolución motivada en la misma audiencia, contra la cual procede recurso de reposición que se interpone y sustenta allí mismo. Ese detalle sorprende a muchos contratistas: no hay días después para pensar el recurso, se sustenta en la audiencia.

La defensa técnica se prepara antes de la citación, no durante ella. Lo que suele salvar un caso es el expediente contractual bien llevado: actas de inicio y de suspensión con sus causas, bitácoras de obra, comunicaciones radicadas advirtiendo la falta de insumos o de permisos a cargo de la entidad, informes de interventoría, prórrogas solicitadas a tiempo y actas de comité. El incumplimiento del contratista rara vez es absoluto; casi siempre concurren hechos imputables a la entidad o a terceros, y esa concurrencia es lo que reduce o elimina la sanción.

Las multas y la cláusula penal pecuniaria son sanciones distintas y no siempre pueden imponerse a la vez sin justificación. La multa es un apremio para que el contratista cumpla y tiene sentido durante la ejecución; la cláusula penal opera como tasación anticipada de perjuicios ante el incumplimiento y suele imponerse al declararlo. Ambas se hacen efectivas mediante acto administrativo y se cobran de las sumas adeudadas o de la garantía única, lo que hace imprescindible vincular oportunamente a la aseguradora al procedimiento.

La caducidad del contrato —figura distinta de la caducidad procesal— es la sanción más grave: la entidad da por terminado el contrato por incumplimiento que afecta de manera grave y directa su ejecución, ordena su liquidación y genera una inhabilidad para contratar con el Estado por cinco años. Por su severidad, exige motivación reforzada y respeto estricto del debido proceso, y es donde más prosperan las demandas de nulidad cuando el procedimiento se surtió de forma irregular.

Las inhabilidades e incompatibilidades merecen un análisis previo a cada propuesta. Además de las clásicas por parentesco, sanciones o participación en varias propuestas, existen inhabilidades derivadas de sanciones fiscales, disciplinarias y penales, y las que surgen de la declaratoria de incumplimiento reiterada. Presentar oferta estando inhabilitado no solo lleva al rechazo: puede acarrear consecuencias adicionales para la empresa y sus representantes.

Del lado del proponente que no ganó, el terreno de discusión son las observaciones al informe de evaluación, el recurso de reposición contra el acto de adjudicación en los casos que la ley lo permite, y la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto de adjudicación, que tiene caducidad de cuatro meses. Cuando lo que se ataca es el pliego, la vía es distinta y los tiempos son cortos: las observaciones deben presentarse dentro del cronograma del proceso, y el pliego, por ser acto general, se demanda mediante nulidad simple.

En la ejecución, los reclamos económicos se pierden por silencio. La mayor permanencia en obra, los sobrecostos por hechos no imputables al contratista, la variación de cantidades y el desequilibrio económico del contrato deben reclamarse por escrito y de manera oportuna, y —esto es decisivo— dejarse como salvedad expresa en el acta de liquidación bilateral. Firmar la liquidación sin salvedades cierra la posibilidad de reclamar después, por más sólido que sea el sustento técnico.

La liquidación tiene sus propios tiempos: bilateral dentro del término pactado o, en su defecto, dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación; unilateral por la entidad dentro de los dos meses siguientes al vencimiento de ese plazo; y judicial cuando ninguna de las anteriores ocurrió, dentro del término de caducidad. Estos plazos condicionan desde cuándo se cuentan los dos años para demandar y suelen ser el primer punto que revisa el juez.