ÁREA DE PRÁCTICA
Un abogado de insolvencia y deudas te permite, con la insolvencia de persona natural, negociar todas tus deudas en un solo trámite y frenar los procesos de cobro en tu contra.
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Es el procedimiento del Código General del Proceso para la persona natural no comerciante que tiene dos o más obligaciones en mora por más de 90 días, o dos o más procesos ejecutivos en su contra, siempre que el valor de esas deudas represente al menos el 30% del total del pasivo (Ley 2445 de 2025). Se tramita ante un centro de conciliación o notaría y su efecto inmediato es la suspensión de los procesos de cobro.
Con la aceptación de la solicitud de insolvencia se suspenden los procesos ejecutivos y se levantan las medidas cautelares, salvo las que garantizan obligaciones de alimentos. También hay límites permanentes: el salario es inembargable hasta el mínimo legal y por encima de eso solo en la quinta parte del excedente, con excepciones para cooperativas y alimentos.
El dato negativo en Datacrédito, TransUnion o Cifin no se borra pagando: permanece el doble del tiempo de la mora, con un máximo de cuatro años contados desde el pago. Lo que sí se puede exigir es la actualización del reporte, la corrección de información inexacta y la eliminación del dato cuando la deuda prescribió o nunca existió, por vía de reclamo y luego tutela de habeas data.
El acuerdo de pago dentro de la insolvencia se negocia con todos los acreedores en una misma audiencia, con plazos, tasas y garantías reales, y una vez aprobado obliga incluso a quienes votaron en contra. Fuera del procedimiento también se pueden negociar reestructuraciones directas, pero sin la protección legal que suspende los embargos.
Cuando el banco entrega la cartera a un abogado externo empiezan las llamadas, los reportes y la demanda ejecutiva. En esa etapa todavía hay margen: revisar la liquidación del crédito, discutir intereses por encima de la tasa máxima legal, alegar la prescripción de la acción cambiaria y exigir que los cobros respeten los límites de la Ley 1266 sobre acoso al deudor.
La insolvencia de persona natural no comerciante es un procedimiento legal, no un servicio de cobranza ni una negociación informal. Está regulada en los artículos 531 y siguientes del Código General del Proceso y permite a una persona sobreendeudada sentar a todos sus acreedores en una misma mesa, con un conciliador designado, para negociar un acuerdo único de pago que reemplaza todas las obligaciones anteriores.
Su efecto más valioso ocurre desde la aceptación de la solicitud: se suspenden los procesos ejecutivos en curso, se levantan los embargos y se detienen los intereses de mora en los términos del acuerdo. Para quien tiene el salario embargado o la cuenta bloqueada, eso significa recuperar el flujo de caja mientras se negocia, algo que ninguna renegociación directa con los bancos garantiza.
No es un borrón y cuenta nueva. La deuda no desaparece: se reorganiza en cuotas viables según la capacidad real de pago. Y si el acuerdo fracasa, el procedimiento deriva en liquidación patrimonial, donde se realizan los bienes para pagar a los acreedores según su orden de prelación.
Se exige ser persona natural no comerciante, estar en cesación de pagos —dos o más obligaciones en mora por más de noventa días, o dos o más procesos ejecutivos o de jurisdicción coactiva en curso— y que esas deudas representen al menos el 30% del pasivo total (porcentaje fijado por la Ley 2445 de 2025, que además abrió el trámite a los pequeños comerciantes). También hay que presentar la relación completa y veraz de acreedores, bienes, procesos, ingresos y egresos.
La ocultación de bienes o de acreedores es la principal causa de fracaso: descubierta, el conciliador puede dar por terminado el trámite y el deudor pierde la protección obtenida. Lo mismo ocurre con el incumplimiento de las cuotas del acuerdo, que habilita a los acreedores a reactivar el cobro.
Quienes son comerciantes formales no van por esta vía sino por el régimen de insolvencia empresarial de la Ley 1116 de 2006, con reorganización o liquidación judicial ante la Superintendencia de Sociedades. Definir bien la calidad del deudor es el primer paso, porque escoger el procedimiento equivocado hace perder meses.
El salario mínimo legal es inembargable y del excedente solo puede embargarse la quinta parte, salvo cuando el acreedor es una cooperativa o cuando se trata de obligaciones alimentarias, casos en los que el límite llega al 50%. La misma regla protege las mesadas pensionales y los depósitos que corresponden a salario dentro de la cuenta bancaria, aunque en la práctica el banco bloquea primero y hay que pedir el levantamiento con prueba del origen de los recursos.
También son inembargables el patrimonio de familia inembargable y la vivienda afectada a vivienda familiar frente a determinados acreedores, los bienes de uso personal indispensables y, en general, lo que la ley excluye expresamente. Alegar bien esas exclusiones puede resolver una situación urgente en días sin necesidad de entrar en insolvencia.
Cuando el embargo ya está decretado, el camino es el incidente o la solicitud de levantamiento en el mismo proceso ejecutivo, con prueba documental. Y si el proceso ejecutivo se apoya en un título prescrito o en una liquidación con intereses por encima de la tasa máxima legal certificada por la Superintendencia Financiera, esa defensa se plantea con las excepciones de mérito.
La Ley 1266 de 2008 no prohíbe el reporte negativo: lo regula. El dato permanece por el doble del tiempo de la mora con un techo de cuatro años desde el pago, y antes de reportar por primera vez la entidad debe comunicarlo al titular con veinte días de antelación para que pueda controvertirlo. Reportar sin ese aviso previo es una vulneración que se corrige por reclamo y, si no responden, por acción de tutela.
Lo que sí se puede exigir siempre es la veracidad: si la deuda ya se pagó, si nunca existió, si corresponde a una suplantación de identidad o si el monto está inflado, el titular puede presentar reclamo ante el operador y ante la fuente, quienes deben resolver en términos cortos y dejar el dato en discusión mientras se decide.
Promesas de 'borrar Datacrédito' pagando una tarifa suelen ser fraudes. Lo que existe es el trámite legal de actualización, corrección o eliminación cuando hay una causa jurídica, y la caducidad del dato negativo por el paso del tiempo.
El expediente se arma con la lista completa de acreedores con montos, fechas de mora y garantías; los certificados de tradición de los bienes; el extracto de las centrales de riesgo; los desprendibles de ingresos; el presupuesto mensual de gastos y las notificaciones de los procesos ejecutivos existentes. Con eso se construye una propuesta de pago realista, que es lo que decide la votación de los acreedores.
Una propuesta demasiado optimista se incumple y hace perder la protección; una demasiado baja no obtiene los votos necesarios. Ese equilibrio es el verdadero trabajo del abogado en insolvencia, más allá de la radicación del formulario ante el centro de conciliación.
Art. 531 C.G.P.
Código General del Proceso
La persona natural no comerciante podrá solicitar la negociación de deudas ante un centro de conciliación o notaría.
Fuente oficial: Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) — Secretaría del Senado
Art. 13 Ley 1266 de 2008
Ley de Habeas Data
Regula la permanencia de la información negativa en las centrales de riesgo.
Fuente oficial: Ley 1266 de 2008 — Secretaría del Senado
Reporte negativo: hasta 4 años
El dato negativo permanece hasta el doble del tiempo de la mora, con máximo de 4 años desde que pagaste.
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