Calculadora de cuota alimentaria 2026

La cuota alimentaria es la suma de dinero con la que un progenitor contribuye al sostenimiento de su hijo cuando no convive con él o cuando, conviviendo, no aporta lo necesario. No es una ayuda voluntaria ni una compensación al otro progenitor: es una obligación legal que nace del vínculo de filiación y cuyo titular es el niño, la niña o el adolescente. Por eso el derecho de alimentos es irrenunciable, no se puede transar en contra del menor y no desaparece porque los padres hayan acordado «no pedirse nada».

El concepto de alimentos es más amplio que la comida. Según el artículo 24 de la Ley 1098 de 2006, comprende todo lo indispensable para el sustento, la habitación, el vestido, la asistencia médica, la recreación, la educación o instrucción y, en general, todo lo necesario para el desarrollo integral del menor. En la práctica esto significa que la cuota debe alcanzar para alimentación, arriendo o vivienda en la proporción que corresponde al hijo, pensión de colegio, uniformes y útiles, EPS o medicina prepagada, terapias, transporte y una parte razonable de recreación.

La obligación recae sobre ambos padres, en proporción a su capacidad económica. El progenitor que tiene la custodia también aporta —con dinero y con el trabajo de cuidado, que los jueces valoran— y el que no convive con el menor lo hace normalmente mediante una cuota mensual. Cuando los padres no pueden sostener al menor, la obligación se extiende a abuelos y otros parientes en el orden que fija el Código Civil, aunque esa vía es subsidiaria y exige probar que los padres no están en condiciones de cumplir.

La cifra que más circula en internet y en conversaciones de pasillo es «el 50% del salario». Es falsa como regla de fijación. El 50% es el tope máximo de embargo del salario por obligaciones alimentarias, es decir, el límite de lo que se puede descontar de la nómina para pagar una cuota ya fijada. No es el criterio con el que el juez decide cuánto debe pagar el alimentante. Confundir las dos cosas lleva a demandas mal planteadas y a acuerdos desequilibrados que después hay que modificar.

Lo que hace el juez de familia es cruzar dos variables: la necesidad del menor y la capacidad económica del obligado. La necesidad se prueba con documentos —recibos de colegio, cuentas médicas, arriendo, transporte— y se valora en función de la edad y de las condiciones de vida que el menor tenía. La capacidad se prueba con la nómina, la declaración de renta, los extractos bancarios y, cuando el obligado es independiente y oculta ingresos, con indicios sobre su nivel de vida.

De ese cruce sale una cuota que casi nunca coincide con un porcentaje redondo. Un obligado que gana dos salarios mínimos y tiene tres hijos no puede pagar lo mismo que uno que gana quince y tiene uno. Un adolescente en colegio privado con terapias cuesta más que un niño de tres años. La calculadora de esta página reproduce ese razonamiento: reparte los gastos acreditados entre ambos progenitores, ajusta por otros hijos a cargo, aplica un factor por edad y luego verifica que el resultado quepa dentro de la capacidad real del alimentante.

La primera vía es el acuerdo entre los padres. Un acuerdo privado sirve mientras se cumple, pero no se puede cobrar de forma inmediata si se incumple. Por eso conviene llevarlo a una conciliación ante comisario de familia, defensor de familia o centro de conciliación autorizado: el acta aprobada presta mérito ejecutivo, lo que permite cobrarla por proceso ejecutivo sin volver a discutir el fondo del asunto y sin tener que demostrar de nuevo la obligación.

Si no hay acuerdo, o si el obligado no asiste a la conciliación, procede la demanda de fijación de cuota alimentaria ante el juez de familia por el trámite verbal sumario. En la demanda se pide cuota provisional desde el inicio, se aportan las pruebas de necesidad y capacidad y se solicitan medidas cautelares: embargo del salario hasta el 50%, de cuentas bancarias y de bienes. La cuota provisional es clave, porque el proceso puede tomar meses y el menor no puede esperar.

Cuando la cuota ya existe pero cambiaron las circunstancias —el obligado mejoró o empeoró sus ingresos, el hijo entró al colegio, aparecieron gastos médicos— se pide el aumento o la disminución de la cuota. No basta afirmarlo: hay que probar el cambio. Y cuando el obligado desapareció o dejó de pagar, la vía es el cobro ejecutivo, que además puede acompañarse de la denuncia penal por inasistencia alimentaria del artículo 233 del Código Penal, un delito querellable y conciliable que en la práctica funciona como herramienta de presión para lograr el pago.

Los procesos de alimentos se ganan con documentos, no con relatos. Del lado de la necesidad: registro civil de nacimiento del menor, certificación y recibos del colegio, cuentas médicas y afiliación a salud, contrato de arriendo y servicios públicos, recibos de transporte, gastos de vestuario y cualquier soporte de terapias o tratamientos. Conviene organizarlos por mes, porque la cuota se fija sobre un gasto mensual promedio y un desorden de facturas debilita la petición.

Del lado de la capacidad: certificación laboral y desprendibles de nómina cuando el obligado es empleado; declaración de renta, facturación, contratos, movimientos bancarios y registros de cámara de comercio cuando es independiente o tiene empresa. Si el obligado se declara sin ingresos pero mantiene un nivel de vida evidente, sirven las pruebas indiciarias: vehículos a su nombre, viajes, inmuebles, colegios privados de otros hijos, publicaciones en redes. El juez de familia puede además oficiar a la DIAN, a bancos, a la EPS y al empleador.

Un punto que se descuida: los pagos que ya se hicieron. El alimentante que paga debe dejar rastro bancario con concepto claro («cuota alimentaria mes de marzo»). Los pagos en efectivo sin constancia se pierden y pueden reclamarse de nuevo. Del otro lado, quien recibe debe registrar los incumplimientos con la misma disciplina, porque son la base del cobro ejecutivo y de la eventual querella penal.

El primero es pactar una cuota sin cláusula de reajuste. Una cuota fijada hace seis años sin indexación pierde una parte importante de su valor real; sin cláusula, hay que iniciar un proceso de aumento y probar el cambio de circunstancias. Lo correcto es pactar el reajuste automático anual con el IPC o con el incremento del salario mínimo, y decir expresamente qué gastos extraordinarios —matrícula, útiles, tratamientos— se pagan aparte y en qué proporción.

El segundo es renunciar a alimentos en el divorcio o en la conciliación de custodia. Los derechos del menor son irrenunciables: la cláusula es ineficaz y solo genera la falsa sensación de que el asunto quedó cerrado. El tercero es aceptar pagos «en especie» sin registro: mercados, ropa y regalos ayudan, pero no reemplazan la cuota y casi nunca se reconocen como abono si no hay soporte.

El cuarto es esperar. Las cuotas causadas y no pagadas prescriben, y cada mes que pasa sin reclamar es dinero que se pierde de manera definitiva. Mientras el hijo sea menor de edad el derecho a pedir alimentos sigue vivo, pero eso no revive lo que ya prescribió. Actuar dentro del primer año de incumplimiento es lo que permite recuperar el retroactivo completo.