Liquidación de sociedad en Colombia

Las causales de disolución están en el Código de Comercio y, para la SAS, en la Ley 1258 de 2008: vencimiento del término de duración cuando no es indefinido, imposibilidad de desarrollar el objeto social, pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito, decisión de los asociados, orden de autoridad competente y las causales pactadas en los estatutos. La causal por pérdidas admite enervarse dentro de los términos legales mediante capitalización u otras medidas que restablezcan el patrimonio, y esa ventana suele desaprovecharse por falta de asesoría oportuna.

El liquidador es la figura central. Puede ser el mismo representante legal si los estatutos lo prevén, o la persona designada por los asociados, y su nombramiento debe inscribirse en el registro mercantil. Sus deberes son concretos: elaborar el inventario del patrimonio social, informar a los acreedores mediante los avisos que exige la ley, realizar los activos, pagar el pasivo en el orden legal y rendir cuentas. Responde personalmente por los perjuicios que cause por dolo o culpa, y esa responsabilidad es una de las más frecuentes en litigios societarios posteriores.

La prelación de créditos no es negociable. Primero se pagan los créditos laborales y de seguridad social, luego los créditos fiscales y parafiscales, después los créditos con garantía real en lo que alcance el bien, y por último los quirografarios a prorrata. Solo cuando el pasivo externo está íntegramente cubierto pueden los socios recibir el remanente. Distribuir antes de pagar expone al liquidador y a los socios a responder con su propio patrimonio.

En la SAS los accionistas no responden por las obligaciones sociales más allá de sus aportes, salvo en dos escenarios que sí se presentan en la práctica: cuando la sociedad se usó en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, caso en el que procede la desestimación de la personalidad jurídica ante la Superintendencia de Sociedades, y cuando existen obligaciones laborales o fiscales frente a las cuales operan reglas especiales de responsabilidad. Esa es la razón por la que liquidar sin pagar nómina o aportes rara vez cierra el riesgo.

Cuando el pasivo supera los activos, la liquidación voluntaria no es el camino correcto. Corresponde acudir al régimen de insolvencia empresarial de la Ley 1116 de 2006, ya sea en reorganización si la empresa es viable o en liquidación judicial si no lo es. Intentar una liquidación privada con acreedores impagos suele terminar en acciones revocatorias, en responsabilidad del liquidador y en procesos ejecutivos contra los socios.

Las obligaciones formales del cierre también importan y suelen olvidarse: cancelar el RUT ante la DIAN, presentar las declaraciones tributarias del periodo, liquidar y pagar la nómina con las prestaciones e indemnizaciones a que haya lugar, retirar los registros de establecimientos de comercio, cancelar la matrícula mercantil y conservar los libros y papeles por el término legal. Una sociedad liquidada con obligaciones tributarias abiertas sigue generando requerimientos y sanciones.

El acta final de liquidación con la cuenta final debe ser aprobada por los asociados e inscrita en el registro mercantil. Con esa inscripción se extingue la persona jurídica. Si después aparecen activos no incluidos, procede la liquidación adicional; si aparecen pasivos, los acreedores pueden perseguir a los socios hasta el monto de lo recibido en la distribución, lo que hace indispensable que el inventario sea completo y verificable.

Existe una alternativa que muchas veces conviene más que liquidar: reorganizar la sociedad. Fusión, escisión, transformación de tipo societario, venta del establecimiento de comercio o cesión de la participación permiten conservar el negocio en marcha, sus contratos, sus permisos y su historia crediticia. La decisión entre liquidar y reestructurar debe tomarse con el estado financiero real sobre la mesa.