Abogado comercial y empresarial en Colombia

Qué cubre el derecho comercial en Colombia

El derecho comercial regula la actividad de los comerciantes y los actos de comercio: constituir sociedades, contratar con proveedores y clientes, emitir y cobrar títulos valores, competir en el mercado y resolver los conflictos que surgen de todo lo anterior. Se rige por el Código de Comercio de 1971, complementado por la Ley 1258 de 2008 sobre la SAS, la Ley 222 de 1995 y la doctrina de la Superintendencia de Sociedades.

En la práctica, el derecho comercial se contrata en dos momentos opuestos. El primero es preventivo: alguien va a montar una empresa, recibir inversión, firmar un contrato de distribución o incorporar un socio, y quiere que el documento sostenga la relación. El segundo es reactivo: el socio se fue con la base de clientes, el cliente no pagó una factura de doscientos millones o la asamblea aprobó una capitalización que diluyó a la minoría.

El costo de la asesoría preventiva es una fracción del costo del litigio posterior. Un acuerdo de accionistas bien redactado —con cláusulas de arrastre, de acompañamiento, de no competencia y de resolución de bloqueos— cuesta menos que un mes de un proceso ante la Superintendencia de Sociedades.

Constituir la sociedad correcta: SAS, SRL o sucursal

La SAS domina el panorama colombiano porque permite un accionista único, responsabilidad limitada al aporte, libertad casi total para diseñar los estatutos y constitución por documento privado. La sociedad de responsabilidad limitada y la anónima sobreviven en escenarios específicos: la anónima cuando se busca captar inversión abierta o cumplir requisitos regulatorios, y la sucursal de sociedad extranjera cuando la matriz no quiere crear una persona jurídica nueva en el país.

Constituir no es solo inscribir. Hay que definir el objeto —hoy puede ser indeterminado en la SAS, pero conviene precisarlo cuando se contratará con el Estado o con entidades vigiladas—, el capital autorizado, suscrito y pagado, la estructura de administración, el representante legal y sus suplentes, y el régimen de solución de conflictos. Después vienen RUT, registro mercantil, libros, facturación electrónica y las obligaciones ante la DIAN.

La responsabilidad limitada tiene límites reales. El artículo 42 de la Ley 1258 permite levantar el velo corporativo cuando la sociedad se usa en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, y los administradores responden personalmente por dolo o culpa en el ejercicio de sus funciones. Usar la sociedad como caja personal es la forma más rápida de perder la protección que la ley otorga.

Cobrar lo que la empresa le deben: la vía ejecutiva

Cuando un cliente no paga, la pregunta técnica es si el documento que se tiene presta mérito ejecutivo. Una factura electrónica aceptada expresa o tácitamente, un pagaré, un contrato con obligación clara, expresa y exigible o un título valor permiten demandar directamente el pago y pedir medidas cautelares sobre cuentas bancarias e inmuebles desde el auto que libra mandamiento de pago.

Si no hay título ejecutivo, el camino es un proceso declarativo verbal para que un juez declare el incumplimiento y condene al pago, lo que agrega tiempo. Por eso el diseño contractual importa: cláusula penal, intereses moratorios a la tasa máxima legal, pagaré en blanco con carta de instrucciones y garantías reales o personales convierten un cobro incierto en uno con respaldo.

También existe la insolvencia: si el deudor entra en reorganización empresarial bajo la Ley 1116 de 2006, los procesos ejecutivos se suspenden y el crédito debe presentarse dentro del proceso concursal con su calificación y graduación. Detectar a tiempo que el deudor va hacia allá cambia la estrategia por completo.

Conflictos societarios y responsabilidad de los administradores

La Superintendencia de Sociedades ejerce funciones jurisdiccionales y resuelve, con procedimientos más rápidos que la justicia ordinaria, la impugnación de decisiones sociales, la acción social de responsabilidad contra administradores, los conflictos derivados de acuerdos de accionistas y la declaratoria de abuso del derecho de voto en sus tres modalidades: mayoritario, minoritario y de paridad.

Los administradores —representante legal, junta directiva, liquidador— deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios (artículo 23 de la Ley 222 de 1995). Contratar con la sociedad sin autorización de la asamblea, competirle, desviar oportunidades de negocio o repartir utilidades inexistentes genera responsabilidad solidaria e ilimitada por los perjuicios causados.

Los plazos importan: la impugnación de decisiones de la asamblea debe presentarse dentro de los dos meses siguientes a la reunión o a su inscripción cuando la decisión sea registrable. Dejar pasar ese término convierte una decisión viciada en una decisión firme.

Qué documentos tener listos antes de la primera reunión

Para un caso comercial, el abogado necesita ver el certificado de existencia y representación legal actualizado, los estatutos vigentes con todas sus reformas, las actas de asamblea o junta relevantes, el contrato en discusión con sus otrosíes y anexos, las facturas o títulos valores pendientes y la correspondencia donde conste el incumplimiento o el requerimiento.

Con ese material se puede estimar en la primera conversación si hay título ejecutivo, qué cuantía se persigue, ante qué autoridad se litiga y cuánto puede costar. Sin él, cualquier estimación es especulación.