Insolvencia de persona natural no comerciante: requisitos y pasos

El trámite no es un perdón de deudas ni una quiebra: es una negociación ordenada y con fuerza legal. El deudor presenta una propuesta de pago realista, y si los acreedores que representan la mayoría legal la aceptan, el acuerdo obliga a todos, incluidos los que votaron en contra o no asistieron. Ese efecto vinculante es lo que hace del mecanismo algo distinto de una negociación informal con cada banco.

La solicitud debe incluir información completa y veraz: relación detallada de acreedores con montos, intereses, garantías y estado de cobro; inventario de bienes con avalúos y gravámenes; relación de ingresos y gastos del deudor y su familia; relación de procesos judiciales en curso; y la propuesta de pago con plazos y forma. Ocultar bienes o acreedores es causal de fracaso del trámite y puede acarrear consecuencias penales.

Admitida la solicitud, el conciliador convoca a los acreedores. Desde ese momento operan los efectos protectores: no pueden iniciarse ni continuarse procesos ejecutivos, se suspenden los términos de prescripción y caducidad, se levantan los embargos sobre salarios y cuentas —salvo los de alimentos, que continúan— y se interrumpe la causación de intereses de plazo y de mora en los términos de la ley.

Las obligaciones alimentarias no entran a la negociación y siguen su curso normal: no se suspenden los procesos por alimentos ni los embargos derivados de ellos. Tampoco quedan cubiertas ciertas obligaciones surgidas después de la admisión. Todo lo demás —créditos de consumo, tarjetas, libranzas, hipotecas, deudas con particulares, obligaciones tributarias en los términos legales— se negocia en el mismo escenario.

El acuerdo puede prever plazos, quitas de intereses, reducción de capital, dación en pago de bienes o la venta ordenada de activos. Su cumplimiento se vigila y, si el deudor incumple, cualquier acreedor puede pedir la reforma del acuerdo o, en su defecto, la apertura de la liquidación patrimonial, en la que los bienes se venden y el remanente insoluto queda extinguido bajo las condiciones legales.

El costo del trámite es moderado en comparación con los procesos ejecutivos individuales, y en centros de conciliación de consultorios jurídicos universitarios puede ser gratuito según los ingresos del deudor. El acompañamiento de abogado no siempre es obligatorio, pero la propuesta bien estructurada —con cifras que el deudor efectivamente pueda cumplir— es la diferencia entre un acuerdo aprobado y un fracaso que abre la liquidación.

Sobre el reporte en centrales de riesgo conviene tener expectativas realistas: la insolvencia no borra el historial. El dato negativo permanece por el doble del tiempo de la mora, con un máximo de cuatro años desde el pago o desde la extinción de la obligación, conforme a la Ley 1266 de 2008. Lo que sí ocurre es que, cumplido el acuerdo, las obligaciones quedan al día y el reporte empieza a correr su plazo de caducidad.

Para quien tiene establecimiento de comercio o es comerciante, la vía no es esta sino la de la Ley 1116 de 2006 —reorganización o liquidación judicial ante la Superintendencia de Sociedades—, con reglas propias. Definir bien la calidad del deudor antes de radicar evita perder meses en un trámite improcedente.