Incidente de desacato de tutela en salud: procedimiento y sanciones

Un fallo de tutela debe cumplirse sin demora. El artículo 29 del Decreto 2591 de 1991 fija que el plazo para cumplir no puede exceder de 48 horas, salvo que el juez establezca otro; y el artículo 27 dispone que, si la autoridad no cumple dentro de ese término, el juez se dirige al superior del responsable para que lo haga cumplir y abra el procedimiento disciplinario. El desacato es la herramienta que convierte ese incumplimiento en una consecuencia personal para quien debía cumplir.

Conviene distinguir dos cosas que el decreto trata por separado: el cumplimiento y el desacato. El cumplimiento busca que la orden se ejecute y el juez conserva su competencia para lograrlo, adoptando las medidas necesarias. El desacato es un trámite sancionatorio: exige demostrar que el responsable incumplió, y que lo hizo sin justificación. Por eso el escrito debe identificar con precisión qué se ordenó, en qué plazo y qué no se ha hecho.

La sanción no recae sobre la EPS como entidad, sino sobre la persona natural responsable de cumplir: normalmente el representante legal, el gerente regional o el funcionario a quien el fallo o la estructura de la entidad asigna la tarea. En el trámite el juez debe identificar e individualizar a esa persona y darle oportunidad de defenderse. Muchas EPS responden con la designación de quién es el responsable; si no lo hacen, el juez puede requerirlas.

El incidente no tiene un formato oficial. Basta un escrito dirigido al juez que conoció la tutela, con el número del radicado, la fecha del fallo, la orden concreta, el plazo que venció y lo que la EPS ha hecho o dejado de hacer desde entonces. Si la EPS respondió con evasivas —«en trámite», «pendiente de prestador»—, adjunta esas respuestas: prueban que conocía la orden y no la cumplió.

El trámite tiene tiempos. La Corte Constitucional, en la sentencia C-367 de 2014, fijó que el incidente de desacato debe resolverse dentro de los 10 días siguientes a su apertura, y que solo en casos excepcionales y con justificación objetiva puede superarse ese término. Si el juez sanciona, la decisión se envía en consulta al superior jerárquico, que tiene 3 días para decidir si la revoca.

El objetivo del desacato no es castigar, sino lograr que se cumpla. La misma Corte ha señalado que el cumplimiento de la orden puede evitar la imposición de la sanción. En la práctica, muchas EPS entregan el medicamento o autorizan la cirugía en cuanto el juez abre el incidente o requiere al responsable. Por eso pedir el desacato a tiempo suele ser la forma más rápida de destrabar un fallo incumplido.

El desacato no excluye otras consecuencias. El artículo 53 del Decreto 2591 de 1991 prevé que quien incumpla el fallo puede incurrir en fraude a resolución judicial u otras conductas penales, y la Superintendencia Nacional de Salud puede investigar y sancionar a la EPS por el incumplimiento. Si la EPS incumple de manera reiterada, informar a la Supersalud con copia del fallo y del incidente refuerza la presión.

Si el fallo concedió tratamiento integral y la EPS niega un servicio nuevo relacionado con el mismo diagnóstico, no necesitas una tutela nueva: el incumplimiento se plantea en el desacato del fallo original. Si el servicio es por un diagnóstico distinto, en cambio, sí hace falta otra acción.