Indemnización por accidente de tránsito

La conducción de vehículos es una actividad peligrosa, y eso cambia la carga probatoria. La víctima no tiene que demostrar la culpa del conductor: basta acreditar el hecho, el daño y el nexo causal. Quien pretenda exonerarse debe probar una causa extraña —fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva de la víctima—. Esa regla, construida sobre el artículo 2356 del Código Civil, es la razón por la que la mayoría de estos casos se ganan cuando la prueba del accidente está bien recogida.

El informe policial de accidentes de tránsito es la pieza central. Contiene el croquis, la posición final de los vehículos, las huellas de frenado, la identificación de conductores, testigos y aseguradoras, y la hipótesis de causa probable. Pedir copia dentro de los días siguientes al accidente y verificar que los datos estén completos es el primer acto útil de cualquier reclamación.

La documentación del daño corporal debe iniciarse el mismo día. Atención en urgencias, historia clínica, incapacidades, valoraciones de especialistas, terapias y, si quedan secuelas, el dictamen de pérdida de capacidad laboral. En lesiones, además, procede la valoración de Medicina Legal, que sirve tanto en el proceso penal por lesiones personales culposas como en la reclamación civil.

El lucro cesante se prueba con ingresos: certificado laboral y desprendibles para trabajadores dependientes; declaración de renta, facturas, registros de ventas y certificación de contador para independientes. Cuando no hay prueba de ingresos, los jueces suelen tomar como base el salario mínimo, lo que en la práctica reduce sustancialmente la condena. Documentar bien los ingresos es lo que separa una indemnización simbólica de una real.

El perjuicio moral se reconoce en salarios mínimos según la gravedad y el vínculo, con topes fijados por la jurisprudencia: en lesiones graves y en muerte se reconoce a la víctima directa y a su núcleo familiar cercano, y el daño a la vida de relación cuando la lesión afecta actividades placenteras o cotidianas de manera permanente.

Frente a la aseguradora hay dos coberturas distintas que no se excluyen. El SOAT ampara a todas las víctimas con independencia de la culpa, con topes en salarios mínimos para gastos médicos, incapacidad permanente, muerte, gastos funerarios y transporte. La póliza de responsabilidad civil extracontractual del causante cubre, hasta el límite asegurado, los daños que exceden el SOAT y los daños materiales.

La reclamación puede tramitarse por vía directa con la aseguradora, por conciliación extrajudicial —requisito de procedibilidad en asuntos civiles— o por demanda ante el juez civil. Cuando hubo lesiones personales o muerte también hay una vía penal por conducta culposa, dentro de la cual puede solicitarse el incidente de reparación integral; conviene decidir con criterio cuál vía se privilegia, porque no siempre conviene esperar el resultado penal.

El tiempo juega en contra. La responsabilidad civil extracontractual prescribe en diez años, pero la reclamación contra la aseguradora prescribe en dos años desde que se conoce el siniestro, y las pruebas —testigos, cámaras, huellas, estado del vehículo— desaparecen en semanas. Actuar en los primeros días es lo que determina cuánto se puede probar meses después.