Reclamación del SOAT en Colombia

La cobertura opera de forma automática: la institución prestadora de salud atiende a la víctima y factura directamente a la aseguradora hasta el tope legal. La víctima no debe pagar la atención inicial ni ser condicionada a un anticipo, y la negativa de atención en urgencias por discusiones sobre la póliza es una conducta sancionable que además puede combatirse por tutela.

Los rubros que la víctima reclama directamente son la indemnización por incapacidad permanente, la de muerte, los gastos funerarios y los gastos de transporte. Cada uno tiene su propio soporte documental: dictamen o certificación médica que acredite la incapacidad permanente y su porcentaje; registro civil de defunción y documentos que acrediten el parentesco en caso de muerte; facturas a nombre de quien pagó el sepelio; y soportes del traslado.

La prueba de que el hecho fue un accidente de tránsito es indispensable. Sirven el informe policial, la historia clínica que describa el mecanismo del trauma, el reporte de la ambulancia, la denuncia y los testimonios. Las aseguradoras niegan con frecuencia alegando que el hecho no fue de tránsito, que la lesión no tiene nexo con el accidente o que el vehículo no estaba involucrado, y esas objeciones se desvirtúan con documentos, no con relatos.

Cuando el vehículo huyó, no fue identificado o carecía de SOAT vigente, la cobertura la asume la ADRES con cargo a la subcuenta correspondiente, con los mismos topes en gastos médicos y con reglas específicas para las indemnizaciones. El trámite exige acreditar la ocurrencia del accidente y la imposibilidad de identificar el vehículo, normalmente con el informe de la autoridad y la denuncia.

El SOAT no cubre daños materiales: no paga la reparación del vehículo ni los bienes destruidos. Tampoco cubre el lucro cesante ni el daño moral. Esos rubros se reclaman al causante y a su póliza de responsabilidad civil extracontractual, y el pago del SOAT no impide ni disminuye esa reclamación, salvo por la imputación de lo ya recibido en gastos médicos.

La aseguradora debe pronunciarse sobre la reclamación dentro del término legal de un mes contado desde que se acredita el derecho, según el artículo 1080 del Código de Comercio. Vencido ese término sin pago, se causan intereses moratorios a la tasa máxima legal y la póliza, junto con la reclamación acreditada, presta mérito ejecutivo para demandar directamente el pago.

Cuando la aseguradora objeta, la vía es la reclamación escrita con soportes completos, la queja ante la Superintendencia Financiera y, si persiste la negativa, la demanda: proceso ejecutivo cuando el derecho está acreditado, o verbal cuando la controversia exige debate probatorio. En casos de urgencia médica y víctimas sin recursos, la tutela ha ordenado la atención inmediata.

Un error frecuente es reclamar tarde y con documentos incompletos. Conviene armar la carpeta desde el primer día —informe de accidente, historia clínica, incapacidades, facturas, cédulas y registro civil cuando aplica— y radicar la reclamación con constancia. Ese radicado es el que fija la fecha desde la cual corren los intereses y el que interrumpe la discusión sobre la prescripción.