Proceso ejecutivo en Colombia: cómo funciona

Todo depende del título. El artículo 422 del Código General del Proceso exige que la obligación conste en un documento que provenga del deudor o de su causante, o en una providencia judicial o acto administrativo en firme, y que sea expresa, clara y exigible. Expresa significa que aparece formulada en el documento y no se deduce; clara, que no requiere interpretación sobre quién debe, cuánto y a quién; exigible, que ya venció el plazo o se cumplió la condición. Un documento firmado que no reúna esos tres atributos no sirve para ejecutar y obliga a un proceso declarativo previo.

Los títulos valores tienen exigencias formales propias del Código de Comercio: en el pagaré, la promesa incondicional de pagar una suma determinada, el nombre del beneficiario, la fecha de vencimiento y la firma del otorgante; en la letra, la orden incondicional y la aceptación; en el cheque, la presentación oportuna al banco y la constancia de rechazo por parte del girado. Un detalle omitido —el espacio en blanco sin carta de instrucciones, la fecha ausente, la falta de la constancia bancaria— es la razón más frecuente por la que un juez rechaza el mandamiento de pago.

Las medidas cautelares son la parte útil del proceso. Desde la presentación de la demanda pueden pedirse embargo y secuestro de inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, salarios en la porción embargable, cuotas sociales, establecimientos de comercio y créditos que terceros le deban al deudor. La eficacia del cobro no depende de la sentencia sino de encontrar bienes: por eso el estudio patrimonial previo —certificados de tradición, registro de vehículos, cámara de comercio, información de nómina— vale más que cualquier redacción brillante de la demanda.

Frente al mandamiento, el deudor puede pagar, guardar silencio o proponer excepciones de mérito dentro de los 10 días siguientes a la notificación. Las excepciones típicas son el pago total o parcial, la prescripción de la acción cambiaria, la falta de requisitos del título, la novación, la compensación, el llenado abusivo de espacios en blanco y la nulidad del negocio subyacente. Si no propone excepciones, el juez ordena seguir adelante con la ejecución sin necesidad de audiencia de fondo.

La liquidación del crédito es donde se define cuánto se recupera de verdad. Incluye el capital, los intereses de plazo pactados, los intereses moratorios dentro del límite de la usura certificado por la Superintendencia Financiera, y las costas y agencias en derecho. Cobrar intereses por encima del tope legal no solo se rechaza: puede acarrear la pérdida de los intereses y consecuencias adicionales para el acreedor.

Existe también el proceso ejecutivo de mínima cuantía, con trámite simplificado, y la posibilidad de acumular ejecuciones cuando varios acreedores persiguen al mismo deudor. Si el deudor es una empresa en insolvencia o una persona natural no comerciante admitida a negociación de deudas, los procesos ejecutivos se suspenden y se remiten al trámite concursal, lo que cambia por completo la estrategia de cobro.