Demanda por incumplimiento de contrato

La primera decisión estratégica es elegir entre cumplimiento y resolución, porque son excluyentes en su pretensión principal. Pedir cumplimiento tiene sentido cuando la prestación todavía te sirve: la obra que falta terminar, la escritura que no se ha firmado, la mercancía que aún necesitas. Pedir resolución conviene cuando el negocio ya perdió sentido o la confianza se rompió, y lo que quieres es recuperar lo pagado con sus frutos. En ambos casos la indemnización de perjuicios se acumula.

El requisito que más demandas hunde es probar el cumplimiento propio. En los contratos bilaterales rige la excepción de contrato no cumplido: quien no ha cumplido su parte no puede exigir la del otro. Por eso importa documentar los pagos, las entregas y la disposición a cumplir, incluso cuando la contraparte ya está en falta. Si estás en mora y la otra parte también, el juez pondera quién incumplió primero y con qué gravedad.

La constitución en mora suele ser un paso necesario. Salvo que el contrato tenga plazo pactado y la ley lo dispense, el acreedor debe requerir al deudor para que quede en mora, y solo desde ese momento corren intereses y ciertos perjuicios. Un requerimiento escrito, con fecha cierta y prueba de entrega, es el documento que fija el punto de partida de la responsabilidad y evita discusiones posteriores sobre desde cuándo se debe.

Los perjuicios deben probarse y cuantificarse, no solo enunciarse. El daño emergente es lo que efectivamente saliste a pagar por el incumplimiento: los costos de contratar a otro proveedor, las reparaciones, los gastos perdidos. El lucro cesante es lo que dejaste de ganar y exige una base razonable de cálculo: contratos frustrados, histórico de ventas, contabilidad. La jurisprudencia rechaza el lucro cesante hipotético que no se apoya en cifras verificables.

La cláusula penal cambia el escenario probatorio. Si el contrato la pactó, funciona como una tasación anticipada de los perjuicios: se cobra sin necesidad de probar el monto del daño, basta el incumplimiento. Puede pedirse en lugar de la indemnización ordinaria o, si se pactó expresamente, además de ella. El juez puede reducirla cuando es manifiestamente excesiva o cuando hubo cumplimiento parcial.

Antes de demandar hay dos filtros que ahorran meses. El primero es la cláusula compromisoria: si el contrato pactó arbitraje, la competencia no es del juez civil y demandar ante él conduce a una falta de jurisdicción. El segundo es la conciliación extrajudicial en derecho, requisito de procedibilidad en la mayoría de los asuntos civiles conciliables; sin la constancia respectiva, la demanda se rechaza.

También conviene revisar si el contrato ya prestaba mérito ejecutivo. Cuando la obligación incumplida es de pagar una suma determinada y consta con claridad en el documento firmado, no hace falta un proceso declarativo: se puede ejecutar directamente y pedir embargos desde el inicio, lo que acorta drásticamente el camino hacia el cobro real.